Por: Luis Gerardo Ramírez Villela
El financiamiento transfronterizo ha sido frecuente en México desde hace mucho tiempo y consiste en el otorgamiento de garantías por parte de las sociedades mexicanas o subsidiarias a favor del acreedor con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago del deudor bajo los contratos de crédito/préstamos correspondientes.
Todos los contratos de crédito/préstamo deben contener disposiciones específicas en relación con las garantías que otorgarán las empresas mexicanas para garantizar las obligaciones de pago y será necesaria llevar a cabo una auditoría legal para validar que dichas empresas (i) pueden actuar como garantes en virtud de dicho contrato de crédito/préstamo, (ii) tengan título de propiedad suficiente sobre los bienes que se otorgarán en garantía, y (iii) sean válidamente existentes en México y se encuentren en cumplimiento de las leyes aplicables.
La auditoría legal deberá, dependiendo de la operación de negocios de la empresa o empresas correspondientes, al menos cubrir las siguientes áreas: (1) organización y gobierno corporativo, (2) contratos materiales, (3) documentos bancarios y financieros, (4) activos y (5) litigios.
Dependiendo del monto del crédito/préstamo a ser otorgado, la garantía puede incluir cualquiera o todos de los siguientes documentos:
- Contrato de prenda sobre acciones/partes sociales de la sociedad o sociedades mexicanas, según sea el caso;
- Prenda sin transmisión de posesión sobre los bienes de la empresa o empresas mexicanas, según sea el caso;
- Contrato de fianza a ser celebrado por la empresa o empresas mexicanas, según sea el caso, actuando como obligado solidario; y/o
- En la medida en que la sociedad o sociedades mexicanas sean propietarias de un bien inmueble, un contrato de hipoteca sobre dicho inmueble.
Cabe señalar que las garantías que comprenden los contratos mencionados anteriormente del número 1 al número 3, deberá ser ratificadas ante Notario Público e inscritas en el Registro Único de Garantías Mobiliarias a cargo de la Secretaría de Economía a favor del acreedor.
Con respecto al contrato de hipoteca, esto requeriría una auditoría legal por separado considerando también los asuntos ambientales y el contrato deberá formalizarse ante un Notario Público y la garantía deberá inscribirse ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la ubicación del inmueble.
Debe tomarse en cuenta que todos los documentos, incluido el contrato de crédito/préstamo, deberán revisarse para verificar que no haya contradicciones con respecto a las garantías que serán otorgadas.